Penas para adolescentes por delitos graves e inhabilitar de por vida a jueces y abogados, entre lo que incluirá proyecto de Ley de Innovación

RADIO ANTENA PENINSULA Junio 12, 2025 26 0

La Comisión de Desarrollo Económico espera aprobar, este jueves 12 de junio, el informe para primer debate del proyecto urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, donde se incluirán reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código de la Niñez y Adolescencia, para el juzgamiento de adolescentes infractores e inhabilitar de por vida a jueces y abogados por prevaricato.

El proyecto económico urgente tiene como objetivo implementar mecanismos de innovación en la contratación pública, con la finalidad de optimizar el desarrollo sostenible y equitativo; erradicar la corrupción en compras públicas y mejorar la eficiencia en el sector público. En ese texto se espera incluir las reformas para el juzgamiento de menores.

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), a través del legislador Andrés Castillo motivó la inclusión de cuatro reformas al COIP y siete cambios al Código de la Niñez y Adolescencia dentro de la ley económica urgente remitida por el presidente Daniel Noboa, cuyo trámite en el Parlamento entrará a primer debate.

Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia se refieren al juzgamiento de adolescentes por delitos graves. Se propone la ampliación de 90 a 180 días el internamiento preventivo en casos de delitos sancionados por el COIP con penas superiores a diez años; prescripción de delitos sancionados por el COIP; la duración de un año de la investigación previa en delitos sancionados con pena privativa de libertad, donde participen adolescentes; también se amplía 45 a 90 días la duración de la instrucción y se puede ampliar por 30 días por una sola vez.

También se propone la destitución de los funcionarios judiciales que admitan acuerdos conciliatorios en delitos sancionados con penas privativas superiores a diez años.

Las reformas al Código de la Niñez amplían la aplicación de medidas socioeducativas para casos de delitos sancionados con una pena de un mes hasta tres años, y se aplicarán medidas de amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, internamiento domiciliario, entre otras.

Pero, para los casos de delitos sancionados con una pena privativa de libertad de tres a cinco años, se aplicará la medida de internamiento institucional de uno a dos años; para casos de delitos sancionados con una pena privativa de libertad de cinco y hasta de diez años, se aplicará la medida de internamiento de tres a cinco años, en estos casos no se aplican medidas socioeducativas; y, para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, serán juzgados y se impondrá una medida de internamiento institucional con la misma duración de las penas previstas en el COIP, tampoco se aplicarán medidas socioeducativas y no podrá cambiarse su régimen de ejecución al semi abierto y abierto.

Respecto a las reformas propuestas al COIP, estas tienen relación con el endurecimiento de penas para quienes cometan fraude procesal; endurecimiento de penas para el prevaricato de los jueces, árbitros, fiscales con agravantes si se beneficia a los integrantes de grupos de delincuencia organizada; y la inhabilidad de por vida de la profesión de abogados por prevaricato de jueces y abogados litigantes.

Debate

El legislador por la provincia de Santa Elena Otto Vera (PSC) señala que el juzgamiento de los menores infractores como adultos es un tema que su organización política venía impulsando meses atrás y ahora que la va a impulsar el movimiento oficialista (ADN) está dentro de lo correcto, lo cual facilita el tratamiento del proyecto.

No puede ser posible que el crimen organizado copte a menores de edad, que intervengan en muchas ocasiones hasta sus familias para evadir la justicia utilizando mecanismos que están ligados a proteger a esa niñez, a la adolescencia en la Constitución e incluso en los derechos internacionales.

Incluso dijo que el PSC fortalecerá la propuesta porque ahora no solo coptan a los niños, sino también a personas con discapacidad, pues la legislación vigente dice que cuando una persona tiene un grado de discapacidad tiene que ser tratado como un niño. Recordó un caso en Santa Elena, donde una persona con discapacidad del 49 % asesinó a alguien y tiene la posibilidad de defenderse en libertad.

Si bien reconoce que incluir estas reformas en el proyecto urgente económico no sería lo más correcto, “pero yo también tengo claro que cuando uno tiene la oportunidad de utilizar una instancia de poder tienes que aprovecharla”, anotó.

El legislador de Sergio Peña (antes de RC) dijo que se podría incluir las reformas penales siempre y cuando se mantenga la conexidad para justificar el fin en materia económica. La comisión está convocada para las 12:00, para aprobar el informe.

Personalmente, dijo Peña, el juzgamiento de menores de edad con una pena igual que un adulto debería ser abordado por la Comisión de Seguridad Integral o en otra mesa, pero en la sesión se discutirá si la reforma se puede o no incluir una ley económica urgente, observando el artículo 116 de la Constitución.

Respecto a la propuesta dijo que estaría de acuerdo que los menores con delitos execrables sean juzgados como adultos, es necesario, porque actualmente “hacen lo que les da la gana, entran y salen de los centros reformatorios, creo que hay que tener mano dura y el Gobierno se ponga a trabajar”.

El independiente Cristian Benavides señaló que no cabe dentro de la ley urgente de Innovación y Gestión Pública se incluyan reformas penales, porque tiene que haber unidad de materia, y esto se podría convertir en una norma sujeta a inconstitucionalidades.

La opción, dijo, es remitir una nueva propuesta de ley donde con gusto se apoyará, porque se habla de que los menores infractores o con delitos graves sean juzgados como adultos.

La legisladora del sector de Pachakutik Carmen Tiupul manifestó que en tratamiento de los proyectos hay que tener claridad y sobre todo observar la unidad de materia. No podemos introducir temas que no tengan relación al sistema de contratación pública. (I)