No hubo peculado ni delincuencia organizada y se pasó el tiempo de investigación previa: las razones por las que se archivó caso contra Guillermo Lasso

La denuncia por peculado y delincuencia organizada que se planteó en contra del expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza se archivó por tres hechos que analizó la jueza nacional Daniella Camacho: no hubo elementos de convicción que señalen el cometimiento de esos delitos, y se pasó en exceso la indagación previa.

Noticias relacionadas

hace 2 días

Después de tres años y 18 días de que se mantuvo abierta una investigación previa en contra de Guillermo Lasso, la Fiscalía General del Estado solicitó a la justicia que archivara la denuncia que impulsó la exlegisladora de Pachakutik (PK) y ahora del correísmo Revolución Ciudadana (RC) Mireya Pazmiño Arregui.

Pazmiño, como asambleísta de PK de una facción radical afín al dirigente indígena Leonidas Iza, denunció el 26 de abril de 2023 a siete personas por presunto peculado y delincuencia organizada por un contrato que habría sido perjudicial para el Estado y que se suscribió entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec-EP) y la empresa Amazonas Tanker. Acusó a:

1. Guillermo Lasso como expresidente de la República.
2. Hernán Luque Lecaro, expresidente de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP).
3. Johnny Estupiñán Echeverría, exgerente general de la empresa Flopec EP.
4. Oswaldo Rosero Quirós, exasesor de Flopec.
5. Cristian Panchi Zambrano, exasesor de Flopec.
6. Iván Correa Calderón, exsecretario de la Administración Pública de la Presidencia de la República.
7. Danilo Carrera Drouet, cuñado de Guillermo Lasso.

La legisladora les atribuyó haber permitido la malversación y distracción de fondos públicos a través de la empresa Flopec y de asociación ilícita porque facilitaron el presunto delito.

El 9 de octubre de 2024, la titular de la Fiscalía, Diana Salazar Méndez, solicitó el archivo de la investigación previa porque no se evidenció la comisión de los delitos.

La solicitud recayó en el despacho de la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho, quien analizó tres hechos que condujeron al archivo de este proceso.

La providencia, suscrita el 16 de mayo de 2025, esgrime que el delito de peculado tiene que cumplir con determinados requisitos, como por ejemplo, que las personas sean funcionarios del Estado o que sean proveedores. En cuyo caso, Guillermo Lasso, Hernán Luque, Oswaldo Rosero, Cristian Panchi e Iván Correa “actuaban en calidad de funcionarios”.

Por ello, estaban dentro de sus competencias legales y constitucionales para designar funcionarios; por lo tanto, no se advirtieron elementos de convicción que apunten que “por el desempeño de sus funciones se apropien distraigan, dispongan y obtengan un beneficio o un perjuicio al Estado”.

Puntualmente, sobre Guillermo Lasso analizó que fue presidente de Ecuador del 24 de mayo de 2021 al 23 de noviembre de 2023 y una de sus atribuciones es designar autoridades, como Hernán Luque.

En cuanto a Luque, se aclaró que como director de EMCO contrató a los asesores Rosero y Panchi.

Sobre Estupiñán, el exgerente de Flopec, él había intentado dar por terminado un contrato con Amazonas Tanker y Flopec por considerarlo perjudicial y por eso habría sido removido de su función por el directorio.

Basado en esos elementos, “no se demuestra cómo o de qué manera la terminación unilateral (del contrato) habría generado un beneficio para ellos o un tercero, o en detrimento del Estado”.

Respecto de la acusación por delincuencia organizada, la magistrada sustentó que las actuaciones del expresidente se ampararon en sus funciones contempladas en el artículo 147 de la Constitución, que son dirigir la administración pública y expedir los decretos necesarios para su integración.

“Se puede colegir que las actuaciones del señor Guillermo Lasso estaban amparadas en el marco de sus funciones como presidente de la República, según lo establecido en el artículo 147 de la Constitución, numerales 5 y 9″, informó Camacho.

En el caso de Iván Correa se precisa que era secretario de la Administración Pública de la Presidencia de la República y no de Flopec.

En cuanto a los audios que difundió el medio digital La Posta, de aparentes conversaciones entre Rubén Cherres (asesinado) y Danilo Carrera, se precisó que ellos no eran funcionarios del Gobierno y no estaban actuando bajo una disposición oficial.

Adicionalmente, que la investigación de este caso está en otra Fiscalía, al que se lo denominó caso Encuentro, por el que Lecaro está detenido en Argentina a la espera de su extradición a Ecuador.

Otro elemento que se analizó fue que de la investigación “no hay documentos, conversaciones, acuerdos o alianzas entre las personas denunciadas que lleven a presumir quién es el líder de la presunta organización delictiva o el grado que tenían, si como colaboradores o facilitadores”.

Tampoco se demostró la permanencia en el tiempo para cometer el delito. “No existe manera alguna que la conducta acusada constituya el delito imputado”, sentenció la jueza.

La indagación previa se mantuvo por tres años y 18 días sin que se hayan recabado elementos que atribuyan la comisión de los delitos denunciados, por lo que cumplió los plazos determinados en el Código Orgánico Integral Penal y, con estos factores, se archivó el caso.

Guillermo Lasso, en un video difundido la tarde del 18 de mayo, expresó su indignación, ya que estas acusaciones fueron la base del juicio político que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional el 16 de mayo de 2023.

Este acontecimiento fue a su vez lo que motivó a Lasso a disolver el pleno del Legislativo por grave conmoción interna y no concluyó su mandato de cuatro años.

El empresario y fundador del movimiento político Creando Oportunidades (CREO) resaltó que este pronunciamiento confirma que él no cometió ningún delito y que todo fue un “show político al servicio de intereses delictivos” de la entonces Asamblea Nacional.

“Seguiré caminando libre por el Ecuador y el mundo, con la tranquilidad de haber disuelto a esa Asamblea Nacional plagada de corruptos al servicio del narcotráfico y el crimen organizado”, manifestó.

Aprovechó para advertir que este caso amerita discutir una reforma política, porque “los que intentaron tomarse el poder tarde o temprano lo volverán a intentar”.

No se calificó de maliciosa y temeraria la denuncia que hizo Mireya Pazmiño

La jueza Daniella Camacho no aceptó el pedido de Guillermo Lasso de calificar de maliciosa y temeraria la denuncia que hizo la asambleísta del correísmo Mireya Pazmiño.

Argumentó que la denuncia reflejó la inconformidad de Pazmiño con el desempeño de funciones del expresidente y de la empresa pública, por lo que no fue imprudente o deliberada y no excedió sus legítimos derechos.

Recordó a Lasso que él, al haber ocupado el cargo de presidente, se encuentra sujeto a la crítica y escrutinio público, por lo que no se puede considerar que es maliciosa y temeraria.

¿Qué denunció Mireya Pazmiño?

Como exasambleísta de Pachakutik (PK), Mireya Pazmiño sustentó su denuncia en que había informes, como de la Contraloría General del Estado, que habían concluido que la firma de un contrato entre Flopec-EP y Amazon Tanker perjudicó los intereses del Estado por $ 6 millones.

Pero, según ella, Guillermo Lasso no presentó una denuncia en la Fiscalía General y demostró una “inacción frente a delitos contra la administración pública”.

Sin embargo, la jueza Camacho refiere que la Contraloría no notificó a Lasso con ese informe, ya que cuando se firmó el contrato de servicios petroleros no era presidente.

Además, que el acercamiento que buscó tener Johnny Estupiñán no se concretó porque Lasso no había conocido de esa intención, pues sus pedidos no llegaron “a las manos” del exmandatario, según la investigación fiscal.

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) dio paso al pedido de juicio político que impulsaron en ese momento los ahora también legisladores Viviana Veloz (RC) y Esteban Torres, antes del PSC y hoy de Acción Democrática Nacional (ADN). (I)