Ley de Solidaridad Nacional da al Gobierno ‘más herramientas’ en su lucha contra el crimen organizado

“Con la Ley de Solidaridad Nacional se consolida un marco normativo que fortalece la lucha del Estado contra el narcoterrorismo y los grupos criminales”, afirmó el Ministerio de Gobierno en su cuenta de X luego que se conoció que el Legislativo había aprobado este nuevo marco legal la noche del pasado sábado y con 84 votos a favor.

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En la ley se establece “un régimen jurídico especial en el marco del conflicto armado interno, a través del cual se incorporan medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país, proteger a la población civil y fortalecer a las fuerzas del orden, entendiéndose como tales a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, con el fin de propiciar la reactivación económica en zonas afectadas por los efectos del citado conflicto”, dice el texto aprobado.

Para Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, esta norma le da poderes que considera importantes al Ejecutivo en su lucha contra la delincuencia.

“El tiempo dirá si se convierte en una herramienta efectiva en manos del Poder Ejecutivo, en un contexto marcado por una violencia sin precedentes en el país”, reflexionó.

Con Jiménez coincide el exlegislador Jorge Peñafiel al decir que contiene puntos muy importantes. A su vez, dice que el que se haya aprobado con más de los 77 votos mínimos da un mensaje positivo en torno a la lucha contra el crimen organizado en el país.

“Esta decisión de poner el indulto diferido da un marco de seguridad para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vayan directamente a atacar al crimen organizado”, dice, aunque no descarta que se terminen presentando demandas de inconstitucionalidad por puntos como este y que quedará a la Corte Constitucional resolverlas.

Asimismo, destaca los beneficios tributarios que constan en la norma por donaciones y el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Sobre los parámetros para determinar el uso y consumo de estupefacientes y drogas, que deben definirse, Peñafiel dice que no se debe pensar en una tabla de drogas como tal, ya que esto tampoco existió en el gobierno de Rafael Correa.

“La tenencia y posesión se diferencia del narcotráfico... Esto buscar evitar que se lleven presos o existan acciones contra personas que no son narcotraficantes, sino que son solamente consumidores”, dice y, al igual que todos los puntos que aún no estén claros, considera que será clave cómo se defina en el reglamento que debe elaborar el Ejecutivo.

La norma obtuvo luz verde gracias al respaldo del bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), parte del bloque de Pachakutik, pese a las advertencias de expulsión que les hizo su partido, y de algunos independientes.

Durante el debate previo a la votación, la legisladora y ponente del proyecto, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, dio detalles sobre el contenido de la norma y reiteró que el trabajo de la mesa que preside fue transparente y que se aprobó por unanimidad.

“Aquí lo que buscamos es una respuesta contundente contra los grupos narcoterroristas... de parte de todos, también de los jueces y los fiscales, que tienen que estar alineados con la lucha que emprende tanto el Ejecutivo como el Legislativo”, apuntó.

Además, recalcó que se acogió el pedido de PK de que esta ley no afecte el derecho fundamental a la protesta social. Asimismo, el de la Revolución Ciudadana (RC) de repotenciar la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Sin embargo, la norma no contó con el respaldo de la RC. En el debate, el legislador Raúl Chávez planteó votarla por bloques, y su compañero de bloque Juan Pablo Molina dijo que no estaban de acuerdo con todo el texto como se votó.

A través de un comunicado, la RC calificó el texto aprobado como una “ley que no resuelve” y recordó los anteriores marcos legales que también le fueron aprobados en la Asamblea Nacional al Gobierno de Daniel Noboa, como el que aumentó el IVA al 15 %.

“El problema no es falta de leyes: es falta de gestión, transparencia y coherencia... Sí a leyes que funcionen y respeten derechos. No a blindajes, excusas e improvisación”, dijeron. Los votos de los legisladores de la RC se ubicaron entre los 46 en contra y las abstenciones y ausencias que se registraron en la sesión.

Por su parte, Centeno, jefa del bloque de ADN, adelantó que Noboa no vetará el proyecto y que procederá a enviarlo directamente al Registro Oficial para su publicación.

(I)