La UE resolverá por la vía rápida una de cada cinco peticiones de asilo

La propuesta de la Comisión Europea de incluir casi una veintena de países ―siete de fuera de Europa y casi una decena de candidatos a ingresar en la UE― en una lista común de “origen seguro”, es decir, con pocos argumentos para llegar a las fronteras de la UE y solicitar asilo (demandas “sin fundamento”, las llama Bruselas), busca “racionalizar” las tramitaciones de asilo cada año. Y ante lo que considera un colapso de peticiones, dar un acelerón —la idea es que se procesen las demandas en un máximo de tres meses— a un proceso que contempla el Pacto Migratorio, que entrará en vigor en algo más de un año. Organizaciones de derechos humanos alertan de que este procedimiento exprés implicará el rechazo de buena parte de las solicitudes al ofrecer menos garantías en la tramitación de los expedientes.

Casi un millón de personas (996.805) solicitaron asilo alegando motivos políticos, religiosos o de otro tipo a algún país de la Unión Europea en 2024, según las estadísticas de Eurostat. De ellas, casi un 20% procedían de los siete países que Bruselas califica ahora como “seguros”. Lo que significa que los procedimientos de los ciudadanos originarios de Marruecos, Colombia, Bangladés, Egipto, India, Kosovo y Túnez tendrán una duración máxima de un trimestre, de acuerdo con la iniciativa.

Bruselas plantea “en principio” incluir en esta categoría de “seguros” además a los candidatos a ingresar en la UE: Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía ―pese a llevar el proceso años congelado― y Ucrania. Descontado este último, en guerra desde la invasión rusa en febrero de 2022; la suma de solicitudes desde estos países elevaría al 26,2% el porcentaje de peticiones que se resolverían por la vía rápida.

La idea tras la designación como seguros de este segundo grupo de países es sencilla: si son candidatos a ingresar a la Unión Europea, quiere decir que están, en principio, alineados con los valores de la UE y, por tanto, respetan los derechos humanos y libertades fundamentales. Sin embargo, hay países como Turquía, donde esta asunción no está clara. La detención del alcalde de Estambul y candidato presidencial, Ekrem Imamoglu, así como la represión de las protestas por su encarcelamiento, ha provocado duras críticas de varios países de la UE y una llamada seria de atención de Bruselas, que dijo que “plantea interrogantes sobre la adhesión de Turquía a su arraigada tradición democrática”. Georgia también está en la mira de la UE por la deriva autoritaria y prorrusa de su Gobierno, pese a las protestas de la población.

“Cuando se aceleran procesos de asilo se pierden garantías”, apunta por teléfono Olivia Sundberg, defensora ante la UE sobre Migración y Asilo en Amnistía Internacional. “En los países que menciona la UE, hemos documentado numerosas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Egipto o Túnez, hay represión y ataques contra periodistas, activistas, personas LGTBI”, agrega.

Aunque está por ver si tiene realmente un efecto disuasorio y se reducen las solicitudes. La realidad es que Europa ya acepta las demandas de muy pocos ciudadanos de estos países, apenas el 5% se resuelven positivamente, de acuerdo con las cifras oficiales europeas. El “riesgo” de la medida europea de acelerar las peticiones de asilo es que “da lugar a una discriminación y perjudicará que haya una evaluación individualizada de cada caso”, anticipa la experta de Amnistía Internacional. “Y habrá más rechazos”, razona Sundberg, puesto que “los procedimientos se resolverán más rápido con la presunción de que provienen de un país seguro y serán las personas las que tendrán que demostrar lo contrario en poco tiempo”.

La ONG solicita que la UE aclare “qué grupos estarán excluidos de la generalización que supone considerarles originarios de un país seguro”, puesto que para determinados colectivos puede no serlo.

La Comisión asegura al respecto que ha propuesto salvaguardias suficientes: una “violencia indiscriminada en situaciones de conflicto”, como sería el caso de Ucrania. Pero también que haya sanciones adoptadas por el Consejo contra ese país o una tasa de reconocimiento de solicitantes de asilo a escala de la UE superior al 20%. Extremos estos dos últimos que, apuntan los expertos de la Comisión, no se cumplen en otros países pese a las dudas. Fuentes comunitarias señalan además que esta designación no excluye que se puedan seguir aceptando demandas de asilo, especialmente en categorías vulnerables, como por ejemplo los kurdos con pasaporte turco.

También en los otros países agregados Bruselas considera que hay garantías suficientes, como demuestra el hecho de que muchos figuran en las listas nacionales de una veintena de Estados miembros (no así España, que no tiene un listado propio) que son incluso más amplias: Irlanda, por ejemplo, también considera países seguros a Malaui, Sudáfrica o Brasil, entre otros. “No estamos reinventando la rueda”, insisten desde la Comisión.

Con varios de los países designados, como Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos, la UE mantiene además programas millonarios para limitar los flujos migratorios —propios o de tránsito— procedentes de su territorio. Con todo, la Comisión es enfática: no hay que vincular esta nueva lista —que asegura se puede tanto ampliar como reducir si las condiciones cambian— con otras políticas previstas dentro del Pacto migratorio y más allá, específicamente la idea de crear centros de deportación en terceros países. “No tiene un impacto directo en los centros de retorno, no hay vínculos directos”, aseveran fuentes comunitarias.